OTRA ECONOMÍA De cuando el PP defendía la Banca Pública

Proposición de ley del Grupo Popular sobre las bases de la empresa pública.

(Blas Camacho Zancada, portavoz del PP):

"Señor Presidente, señorías, voy a presentar en nombre del Grupo Popular la proposición de ley de bases de la empresa pública, que consideramos que puede introducir orden en un sector que está por cierto bastante desordenado desde antes de la aprobación de la Constitución.

El Grupo Popular sostiene que el sector público actualmente se rige por un sistema legal preconstitucional y precomunitario. Las leyes que rigen el sector público son: la Ley del INI, del año 1941; la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 1958; la Ley del Patrimonio del Estado, de 1964 y la Ley General Presupuestaria, de 1977. Sólo a partir de aquí se han ido introduciendo sucesivas reformas en las leyes presupuestarias, incluido el texto refundido de 23 de septiembre de 1988. Pero esto no significa que se haya desarrollado ni una línea de la Constitución en la gestión y administración del sector público.

[...]

Lo que el Ministro de Industria, y ahí están los diarios de sesiones, dice: No vamos a traer un plan de privatización a esta Cámara -hace menos de un mes lo decía desde su banco azul-; no vamos a privatizar nada. Eso lo tengo subrayado en los diarios de sesiones, y resulta que, en cuanto vienen cuatro días de fiesta, nos enteramos que están privatizando todo, y cuando llegue el mes de vacación parlamentaria, el mes de enero, no quedará una sola empresa rentable en el INI, porque así lo están amenazando ya con las declaraciones los presidentes de empresas públicas.

Miren ustedes, esta proposición de ley que nosotros traemos aquí está no sólo haciendo necesaria la definición de un marco de la empresa pública, como decimos en el Título 1, sino que además creemos que es imprescindible la reserva al sector público de recursos y servicios esenciales. Nosotros pensamos que el Estado debe tener recursos y servicios esenciales que debe gestionar en su mayoría pública, con su capital público y cueste lo que cueste, porque irán en beneficio del interés general y de todos los ciudadanos.

[...]

Si ustedes han leído cómo se llama ahora la nueva Corporación Bancaria es todo un síntoma de pedantería y de nuevo rico; la llaman Argentaria. Argentaria es algo que no tiene nombre, porque venir del latín plata o del francés dinero a una Corporación Bancaria, que es la primera de este país, me resulta hasta cursi, permítanme que se lo diga así. Yo creo que ustedes no debían ni consentirlo, porque no se puede ir por la vida con la primera Corporación Bancaria de este país, repito, llamándola nada menos que Argentaria. Pues bien, esta Argentaria pública y del Estado se va a privatizar sin que sepamos cómo ni cuándo.

Yo entiendo, señor Presidente, señorías, que estamos ante una circunstancia realmente grave, a veces podríamos decir que cómica, si no fuera porque nos estamos jugando aquí, con una frivolidad sin límites, todo el sector público del Estado, que por obra y gracia de las circunstancias que hemos vivido, donde se creyó en la autarquía como una solución a nuestros problemas económicos, el sector público era muy importante en este país.

[...]

Nosotros pensamos que la privatización puede ser necesaria; no vamos a empecinarnos en absoluto. Somos partidarios de que se privaticen las empresas que tienen que funcionar mejor en el ámbito de la economía privada. Que no se privaticen los recursos o servicios esenciales que tienen que ser necesariamente llevados desde el Estado, pero estos son mínimos, y para ello lo único que pedimos es que el Consejo de Ministros lo haga en virtud de real decreto; que remita una memoria justificativa al Congreso de los Diputados y al Senado sobre las causas de privatización; que se haga en valoración por expertos independientes; que el precio de venta no sea inferior a la valoración resultante, porque si es urgente hacerlo no vamos a impedir la venta directa para que el Estado no pierda dinero, pero que se acredite la continuidad de la empresa y el desarrollo futuro para que se transmita a propietarios determinados que salven el empleo y el beneficio. Pedimos que se reserve un porcentaje del cinco por ciento para que sea suscrito por los trabajadores de la empresa de cuya privatización se trate; que los empleados de las empresas objeto de privatización conserven los derechos y obligaciones conforme a la legislación laboral, y que el resultado de las privatizaciones se destine al saneamiento del sector público empresarial y a amortizar deuda pública.

[...]

Nuestro esfuerzo queda aquí para los anales de esta etapa que vive España, en donde el sector público precisamente no está siendo ejemplar, sino un mal ejemplo de las circunstancias que está añadiendo a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales para algo que cuando salga a la luz se verá que hay poca transparencia, poca generosidad, poca administración coherente y pocos beneficios para el interés común de los ciudadanos.

Muchas gracias, señor Presidente."

(fuente: Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, pleno del 10 de diciembre de 1991, págs. 7612 – 7615)

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OTRA ECONOMÍA I Semana por una Banca Pública

Este lunes, 19 de octubre, se cumplen diez años del anuncio de fusión entre el banco privado BBV y la banca pública Argentaria. Con dicha fusión desapareció la Banca Pública en nuestro país. Los problemas por la falta de una Banca Pública en nuestro país son múltiples:

- falta de liquidez, que afecta fundamentalmente a las inversiones de las pequeñas y medianas empresas (PYMES),

- falta de control sobre la concesión de hipotecas, lo que ha provocado un endeudamiento excesivo de las economías familiares y que la vivienda alcance precios desorbitados,

- operaciones de inversión y fusiones movidas por el beneficio a corto plazo que, cuando fracasan, generan unas deudas en la banca privada que deben ser saldadas por el Gobierno con dinero público; el último caso: Caja Castilla-La Mancha.

Es por eso que Izquierda Unida ha preparado una propuesta de Ley para la creación de una Banca Pública en España que solucionaría estos problemas. Dicha propuesta será presentada por IU en el Congreso de los Diputados antes de que finalice 2009. Pedimos una Banca Pública en nuestro país con:

- un control público y con transparencia de todas sus acciones, con la seguridad de que nuestros ahorros no serán destinados para especular; en consecuencia: las hipotecas que se concedan desde esta Banca Pública asegurarán el acceso a una vivienda como un bien de primera necesidad y no como un objeto de lujo al alcance de unos pocos;

- una gestión del crédito que asegure la liquidez especialmente para las PYMES, apoyando así una economía familiar y productiva, que supone la principal fuente de empleo en nuestro país; en consecuencia: los créditos ICO serán gestionados por esta Banca Pública, desapareciendo las limitaciones que actualmente impone la banca privada a la concesión de dichos créditos;

- un compromiso de destinar las ganancias de dicha Banca Pública para gasto social en beneficio de los más necesitados, para que estén asegurados los servicios sociales para todos que consagra nuestra Constitución; en consecuencia: se asegurará el gasto público necesario en sanidad y educación, principales servicios sociales que debe prestar el Estado y que hoy sufren cada vez un mayor deterioro por la participación en los mismos de empresas privadas que sólo buscan su beneficio.

- ¿Cómo se privatizó la Banca Pública?

Fue en 1991 cuando Felipe González comenzó la demolición del sistema bancario público español. Bajo el argumento de que el aumento de la competencia derivado de la instauración de la libertad de movimientos de capital en el espacio de la Unión Europea, junto con la libre prestación de servicios financieros, implicaba la reestructuración de las Entidades Públicas de Crédito.

Con el fin de aprovechar las potencialidades de estas entidades, se creó la Corporación Bancaria de España Sociedad Anónima (CBE), que asumió la propiedad de las acciones de titularidad del Estado de la Caja Postal, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Local, el Banco Hipotecario y Banco Exterior de España. Al frente de la Corporación, que pasó a denominarse Argentaria, se colocó a Francisco Luzón. Argentaria representaba en ese momento el 20% de la banca española.

Desde el mismo momento de la fundación de Argentaria, Francisco Luzón anunció la privatización progresiva de algunas de las entidades del grupo, cuyo capital estaba en su totalidad en manos del Estado. Un proceso que se ejecutó en tres tramos desde 1993 a 1996, con la venta del 74,9 por ciento del capital estatal en la Corporación. En total se produjeron tres salidas a bolsa, con las que el Estado ingresó unos 700.000 millones de pesetas, más de 4.000 millones de euros, aunque las participaciones quedaron en manos de accionistas minoritarios y el Estado todavía mantuvo el control.

El proceso de privatización concluyó en enero de 1998, ya con Francisco González, el actual presidente del BBVA, al frente de la entidad. El Consejo de Ministros aprobó la venta del 29,2 por ciento que el Estado poseía todavía en Argentaria, así como un Real Decreto que le permitiría controlar, durante cuatro años, los movimientos accionariales de más de un 10 por ciento del banco, lo que se denominó la ‘acción de oro’.

Poco más de año y medio después, BBV y Argentaria anunciaban su fusión, cuando en ese momento ambas entidades ocupan el segundo y el tercer puesto bancario del país, respectivamente. La nueva entidad se convertía así en la primera de España en capitalización bursátil.

La ‘acción de oro’ caducó en 2002 y a partir de ese momento el Estado perdió toda capacidad de influencia en una estructura bancaria que en estos momentos de crisis económica, cuando la restricción del crédito está estrangulando la actividad empresarial, muchos están echando de menos.

- 10 años después... el ICO sigue financiando con 677 millones de euros al BBVA.

Parecen muchos años, pero no para seguir disfrutando de los beneficios de la banca pública, así aunque se haya reducido en estos diez años, el ICO sigue financiando a BBVA en 677 millones de euros atribuibles casi en su totalidad a la refinanciación de las dotaciones suministradas antes de su privatización a las antiguas Entidades Oficiales de Crédito, y es que en el inicio de la operación casi el 80% de los préstamos del ICO estaban destinadas a estas entidades públicas que formaron Argentaria.

Pero estas entidades no sólo iban con este pan debajo del brazo, iban con otros muchos, así la también ha heredado actividad crediticia directa por las operaciones traspasadas por los antiguos bancos oficiales, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de enero de 1993 gobernando Felipe González.

Asimismo, el 25 de marzo de 1993, se firmó un contrato de gestión, con los bancos correspondientes, de los activos y pasivos traspasados y que incluye tanto la administración como la adecuada contabilización de los mismos según la normativa bancaria en vigor. Las comisiones de gestión devengadas en los ejercicios 2008 y 2007 han sido de 211 miles de euros y 401 miles de euros, respectivamente gestionadas por supuesto por BBVA.

Pero aún hay mas, todo el personal del Instituto de Crédito Oficial se encuentra adherido al Plan de Pensiones del Sistema de Empleo de Promoción Conjunta promovido por la Administración General del Estado, regulado por el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y por supuesto que se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones BBVA Empleo Doce, siendo Gestión de Previsión y Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, la entidad gestora y BBVA, la entidad depositaria.

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