El Gobierno cuestiona la viabilidad de las pensiones mientras anuncia un recorte del gasto público de 50.000 millones sólo unos meses después de aprobar los presupuestos para 2010.
Primero, el Gobierno filtró el Documento sobre Revisión del Pacto de Toledo, después, anunció que se retiraban las medidas más controvertidas de la propuesta que se iba a enviar a Bruselas y, más tarde, María Teresa Fernández de la Vega aclaraba que la propuesta pasará por los cauces del Diálogo Social. Finalmente el ministro de Trabajo, el encargado de encender las alarmas sobre el sistema de pensiones públicas, dudó en el Congreso de que el Gobierno vaya a poner “sobre el papel” una medida que ha llevado a CC OO y UGT a convocar una movilización estatal el 23 de febrero.
Esto traslada el debate al Pacto de Toledo, suscrito en 1995 y “constituido por el acuerdo entre las fuerzas políticas y los interlocutores sociales”, como significa el Ministerio de Trabajo en un informe sobre el desarrollo de este pacto. La posibilidad de aumentar la edad para la jubilación de 65 a 67 años y el aumento del periodo de tiempo con el que se calculan las pensiones, son los aspectos más destacados de una propuesta que es “singularmente antisocial”, en palabras de Isabel Otxoa y Mikel de la Fuente, profesores de derecho del trabajo de la Universidad del País Vasco.
José Luis Carretero, miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA) considera que la mediación de los representantes del Pacto de Toledo puede hacer, en efecto, que se limiten algunas de estas medidas “pues hay representantes que por razones ideológicas (como algún sindicato o partido) o por razones oportunistas (PP) pueden impedir o, al menos, obstaculizar la ampliación de la edad de jubilación”. Para Daniel Albarracín, del grupo de estudios de Comisiones Obreras, lo que evidencia esta propuesta, que ha sido aplaudida por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), son “las presiones del sistema financiero y de seguros para aumentar en la previsión social el peso de los planes de pensiones privados; para conformar un sistema mixto”. El hecho de que el PSOE haya puesto en duda el sistema obedece, para José Luis Carretero a que la idea de que “metiendo miedo a la población” se está avanzando en la “línea de fomentar los planes de pensiones que venden bancos y organizaciones financieras”.
- Asalto neoliberal.
Entre los organismos que patrocinan eso que el abogado Raúl Maíllo califica como un “asalto neoliberal a las pensiones”, la OCDE juega un papel protagonista. En 1990 esta organización diagnosticó que los países industrializados no podrán pagar sus pensiones en el futuro como consecuencia del envejecimiento de sus poblaciones. Como recoge la economista Miren Etxezarreta en el libro Qué pensiones, qué futuro, el impulso a la privatización aumentó a partir de 1994 de la mano de un informe del Banco Mundial, “que constituyó la justificación y el pistoletazo de salida para que muchos países ricos desarrollaran los sistemas de privados de pensiones”.
En el caso del Estado español, el principal argumento que emplean representantes del sistema financiero como Rodrigo Rato, ex director general del FMI, para fomentar este sistema mixto y la progresiva deriva del sistema de pensiones de capitalización (en el que el dinero para pensiones se invierte en fondos financieros), es el envejecimiento de la población. A este discurso se oponen Otxoa y de la Fuente: “El aumento de la esperanza de vida no se debe tanto a la duración de vida de las personas mayores como a la erradicación de la mortalidad infantil”.
Como recuerdan Otxoa y De la Fuente, según el documento del Gobierno, entre 2009 y 2040, la esperanza de vida a los 65 años sólo aumentará en 2,5 años. Según el documento presentado por el Gobierno, el incremento del gasto en pensiones subirá por encima del 15,1% del Producto Interior Bruto en 2060, una subida que, para estos profesores no pone en riesgo el sistema público de pensiones, “quienes insisten en el carácter insostenible de ese aumento, obvian que en el pasado los aumentos han sido superiores a los que hoy se prevén sin que se haya producido ninguna catástrofe económica por esa causa”. Además, recuerdan, el Fondo de Reserva del sistema de pensiones públicas ha arrojado un importante superávit en el periodo pre crisis y seguirá produciéndolo hasta después de 2020: “Sólo cuando los ingresos por cotizaciones sean insuficientes para hacer frente al aumento de gasto en pensiones, lo que no ocurrirá antes de 2023, será el momento de aumentar progresivamente los tipos de cotización para hacer frente a este gasto”.
- El recorte, tapado.
Y mientras el debate sobre la viabilidad de las pensiones ocupa buena parte del debate público, el recorte del gasto público que la Ministra de Economía llevó a la City de Londres no ha tenido tanta repercusión. Un ajuste de 50.000 millones de euros para los próximos cinco años, que modifica el presupuesto previsto y aprobado a finales de 2009. Para el economista Julio Rodríguez este recorte apunta hacia el deseo del Gobierno de dar una imagen de “rigor presupuestario” ante los mercados de deuda. Como indica Carretero, esto se plasma ya en la subfinanciación de las universidades públicas y amenaza “la financiación de todo el salario social, es decir, las prestaciones y servicio social”.
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