OTRA VIVIENDA Una pareja española necesita 21 años para pagar su hipoteca, los que viven solos 56

Una pareja española necesita una media de 21 años para poder pagar una casa de 70 metros cuadrados valorada en 149.660 euros si se tiene en cuenta que el Banco de España recomienda no dedicar más del 30% del sueldo neto al pago de la vivienda, según un estudio realizado por el portal inmobiliario facilisimo.com.

El cálculo se ha realizado a partir de los datos de 100.000 viviendas del portal inmobiliario, de los sueldos medios de cada comunidad autónoma publicados por el INE y con el valor del Euríbor de diciembre de 2009 (1,242%), con un diferencial del 0,75%, dejando un interés final del 1,992%.

Por comunidades autónomas, los habitantes de Extremadura son los que menos tiempo tardan en pagar su casa, con una media de 12 años, seguidos de los castellano-manchegos (14 años), asturianos (17 años), castellano-leoneses (17 años), valencianos (18 años), gallegos (18 años), murcianos (19 años) y navarros (20 años).

Por el contrario, los ciudadanos del País Vasco son quienes más tiempo dedican al pago de su vivienda, con una media de 32 años. Entre los que más tardan también destacan los catalanes (27 años), madrileños (25 años), baleares (25 años), cántabros (24 años), riojanos (22 años), aragoneses (22 años), canarios (21 años) y andaluces (21 años).

De esta forma, los resultados muestran que los habitantes de las comunidades autónomas con los salarios más bajos son quienes menos tiempo tardan en pagar la hipoteca de su casa, mientras que las comunidades con los sueldos más altos son las que necesitan más años para abonar el coste de una vivienda.

En este caso, el precio del metro cuadrado de cada comunidad es determinante a la hora de establecer el plazo de la hipoteca. Así, en el tiempo en el que un vasco paga un piso de 70 metros cuadrados (32 años), un extremeño podría comprar casi tres casas de similares dimensiones, ya que terminaría de pagar cada una en sólo 12 años.

En el caso de que la compra se afronte de manera individual, el plazo que se tarda en pagar una vivienda de unos 70 metros asciende a 56 años, por lo que resulta casi imposible que un individuo pueda hacerlo si se tiene en cuenta que el límite impuesto por la banca suele ser de 40 años. De hecho, sólo los ciudadanos de Extremadura (28 años) y Castilla-La Mancha (32 años) podrían acceder en solitario a una hipoteca.

Sobre si en las actuales circunstancias es más rentable alquilar o comprar una vivienda, el estudio pone de manifiesto que, a nivel nacional, alquilar una casa de 70 metros supone un desembolso mensual de 529 euros, mientras que la letra de la hipoteca ascendería hasta los 742 euros durante 21 años, un 28,8% más cada mes.

La mayor diferencia entre la letra del alquiler y de la hipoteca se encuentra en Extremadura, donde comprar una casa supone pagar un 46,1% más todos los meses. En el extremo opuesto se encuentra el País Vasco, donde sus ciudadanos sólo pagan un 13% más a la hora de adquirir un inmueble.

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OTRA POLÍTICA El PCE exige las cuentas del Rey

La pasada semana, la secretaria de Cooperación Internacional y Movimiento Republicano del Partido Comunista de España (PCE), Gloria Aguilar, anunciaba una campaña promovida por esta formación política, integrada en Izquierda Unida, para que "las cuentas de la Casa del Rey tengan control público y puedan ser conocidas por todos los españoles". Además de intentar dar la mayor difusión posible a esta iniciativa, y la organización de diversos actos en los que se explicarán las razones para reclamar esta fiscalización, el PCE movilizará a sus bases para conseguir el mayor número posible de firmas para que esta exigencia sea debatida en el Congreso de los Diputados como "iniciativa popular". Para ello, tal y como queda establecido por el artículo 87 de la Constitución, han de presentarse ante el Parlamento, al menos, medio millón de rúbricas de ciudadanos españoles.

Esta organización ha optado por esta fórmula con la intención de generar un ampliodebate social en torno a este asunto, pero también, ante el fracaso reiterado de los intentos parlamentarios por conseguir el control público de las cuentas reales por parte de formaciones como Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya o Esquerra Republicana de Catalunya, cuyas iniciativas en este sentido –prácticamente, cada año, coincidiendo con el debate de los Presupuestos Generales-, se estrellan contra la amplia mayoría que imponen el Partido Popular y el Partido Socialista. "No conseguimos nada. Es como chocarse contra un muro. Pero tarde o temprano los muros caen. La monarquía sólo ganará credibilidad si gana en transparencia", sostenía recientemente el portavoz de IC, Joan Herrera.

Para Gloria Aguilar, en un contexto de crisis como la actual, es "especialmente necesario que las cuentas de la Casa del Rey tengan control público y puedan ser conocidas por todos los españoles". Según su criterio, no resulta lógico que "cuando los de abajo lo pasan mal, la Casa Real continúe opaca"; cree que se trata de una "situación anómala, como también lo es que los ciudadanos españoles no puedan votar al Jefe del Estado". En su propósito declarado, también está la exigencia de que "las donaciones y regalos que recibe el rey en su condición de jefe del Estado deben ser transparentes y pasar al patrimonio del Estado".

Los comunistas enmarcan esta recogida de firmas en una amplia campaña que desarrollarán a lo largo de este recién comenzado 2010 para ampliar las bases y consolidar el movimiento republicano en nuestro país.

Según los Presupuestos Generales para este año, el rey percibirá directamente, con cargo a las cuentas públicas, un total de 8.896.920 euros, sobre los que no podrá existir ninguna clase de control público, puesto que el artículo 65.1 de la Constitución subraya que el monarca "recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma". Este argumento ha sido esgrimido sistemáticamente para oponerse a las iniciativas de IU, IC y ERC que exigían la fiscalización de estas cuentas, aunque para el secretario general del PCE, José Luis Centella, el hecho de que la Carta Magna otorgue a Juan Carlos de Borbón la libre disposición de su asignación anual, no implica que no haya de dar cuenta de los salarios de cada uno de los miembros de la Familia Real, tal y como sucede en la mayoría de las otras monarquías europeas.

Pero estos casi nueve millones de euros -el sueldo del presidente del Gobierno esdichos Presupuestos Generales ("Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado"), que contemplan, además, otros 321.640 euros para gastos corrientes.

A todo esto se debe añadir el mantenimiento de las residencias habituales de la Familia Real (el Palacio Real, el Palacio de la Zarzuela, el Palacio de Marivent), cuya propiedad está a nombre de Patrimonio Nacional. Los PGE de 2010 destinan a esta partida 17,9 millones de euros -en 2009, lo gastado alcanzó los 19 millones-.

En cuanto a los viajes al extranjero, para este año se contemplan 415.040 euros para sufragar los 15 desplazamientos previstos, aunque suele sobrepasarse cada año esta partida. El rey tampoco se hace cargo de los gastos de los agentes encargados de la seguridad de su familia, que abona el Ministerio del Interior; ni de los costes y el mantenimiento de los 60 vehículos asignados a la Casa Real, que son pagados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Otro capítulo es el de los regalos que recibe el monarca o la Familia Real de particulares -el caso más llamativo es el del actual yate 'Fortuna', costeado por una suscripción entre empresarios baleares, cuyo coste llegaba a los 16 millones de euros, a los que el Gobierno dalas Islas, dirigido entonces por el popular Jaume Matas, añadió otros dos millones y medio-. Lo cierto es que con las actuales condiciones de opacidad, ni los diputados o senadores, ni la Fiscalía, ni el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera la Comisión de Secretos Oficiales pueden tener acceso a esa información.

Algunos datos resultan llamativos. Según las revistas Forbes y Eurobusiness, el patrimonio del Rey de España ascendería a 1.790 millones de euros, una cantidad difícilmente explicable, incluso con la altísima asignación anual que percibe por parte de las arcas públicas, cifras de las que nunca ha querido hacer declaración alguna la Casa Real.

Sin embargo, para Iñaki Errazkin, autor del libro Hasta la coronilla. Autopsia de los Borbones, "hay que tener cuidado con la estimación de Forbes, porque incluía cosas del Patrimonio Nacional. A su nombre no encontramos nada legalmente".

Antonio Romero, ex diputado de IU y coordinador de la Red de Municipios y Cargos Públicos por la III República, sostiene que "la Casa Real actúa como un verdadero paraíso fiscal, interpretan la disposición libre de su presupuesto, como que no tienen que dar explicaciones a nadie". Romero disecciona todos los gastos a cargo del erario público: "Patrimonio Nacional destina unos 140 millones al mantenimiento de palacios y otras posesiones, seis millones del Ministerio de Administraciones Públicas son destinados para asesores, funcionarios de elite... Además, el parque móvil de unos 60 vehículos de alta gama corresponde al Ministerio de Economía y todos sus viajes corren a cargo de Defensa o Asuntos Exteriores".

Esta reclamación de transparencia sobre las cuentas de un monarca que, según el artículo 56 de la Constitución "es inviolable y no está sujeto a responsabilidad", coincide con la iniciativa del Ministerio de la Presidencia, que está preparando una ley de acceso de los ciudadanos a la información, que incluye el conocimiento de las finanzas de los cargos públicos, aunque, según fuentes de este ministerio, "no recoge una referencia expresa al rey", porque no se puede ir más lejos de lo establecido en la Constitución.

En el Reino Unido se creaba el Comisionado de la Información de Gran Bretaña, una normativa similar, pero que sí ofrece datos de los gastos de su Casa real, e incluso la publicación de las misivas intercambiadas entre la Jefatura del Estado y el Gobierno británico, que ponían de manifiesto algunas irregularidades en las cuentas reales.

La intención del Partido Comunista de España con esta campaña de recogida de firmas, además de apuntalar su estrategia para introducir el debate sobre el modelo de Estado y la apuesta por la III República, es conseguir sobrepasar el medio millón de suscripciones necesario para que a través de Grupo de IU-ERC sea tramitado en la comisión de Peticiones del Congreso y, finalmente, debatido en el órgano de la representación pública. Incluso ya han expresado su deseo de que las cuentas reales sean difundidas a través de Internet.

Como sostiene Gloria Aguilar, la iniciativa pretende que los "contribuyentes españoles sepan a qué se destina su dinero. No sólo sería democrático, sino de justicia".

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OTRO EMPLEO La crisis provoca el mayor aumento de la jornada laboral desde 1983

La recesión de 2009 no sólo está provocando efectos devastadores sobre el empleo -1,47 millones de puestos de trabajo destruidos en los últimos doce meses-, también en las condiciones laborales de quienes han conservado su empleo. Hasta el punto de que este año a punto de acabar se cerrará con un aumento de la jornada laboral desconocido desde 1983. En concreto, y según los datos de la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos –un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo-, la jornada laboral anual pactada entre empresarios y trabajadores se sitúa en 1.752,1 horas trabajadas. Es decir, 3,6 horas más que un año antes (datos hasta el pasado 30 de noviembre).

Lo relevante de la subida no es tanto el incremento, sino que rompe una clara tendencia descendente en el número de horas trabajadas iniciada a raíz de que el primer gobierno de Felipe González fijara un máximo legal de 40 horas semanales, y que significó en media una semana más de descanso laboral al año. Según datos de CCOO, en 1984 la jornada anual bajó en 47,2 horas respecto al año anterior. Desde entonces, en tan sólo cuatro ejercicios se había producido un incremento en el número de horas trabajadas, y desde luego en todos los casos en mucha menor cuantía que en 2009.

Durante el trienio inmediatamente posterior a la recesión de 1993 se registró un incremento del número de horas trabajadas que en ningún caso llegó a las 2,5 horas (1994), pero la recuperación económica acabó con ese repunte. Y lo mismo ocurrió en 2008, cuando al inicio de la crisis se produjo un ligerísimo incremento de menos de una hora en unos momentos en los que el ajuste se cebó con los trabajadores con contrato temporal. En 2009, como se ha dicho, se ha producido el mayor incremento desde 1983, lo que da idea de la intensidad de la crisis.

- Crisis y jornada laboral.

La relación entre número de horas trabajadas y coyuntura económica es incuestionable. En los años de bonanza, las empresas acceden a rebajar la jornada laboral, ya que los aumentos de plantilla permiten absober los incrementos de demanda. Por el contrario, en periodos de crisis ocurre todo lo contrario, aunque nunca con la virulencia actual. Y así se explica que desde el año 1983 –año en que entró en vigor la ley de las 40 horas- la jornada laboral media pactada en convenio se haya reducido en 93,1 horas anuales. O lo que es lo mismo, hoy un asalariado trabaja algo más de dos semanas menos que hace 26 años, lo que indica los avances sociales registrados durante el periodo.

La mejora, sin embargo, no se reparte de forma homogénea. Los trabajadores amparados con un convenio colectivo de empresa tienen una jornada laboral inferior a aquellos cuyas relaciones laborales se rigen por un convenio de ámbito superior (sectorial, provincial o estatal). Y la diferencia no es, desde luego, pequeña. Los primeros trabajan 1.698,5 horas anuales, es decir 59,1 horas menos que los segundos. O lo que es lo mismo, disfrutan de una semana y medio menos de trabajo al año.

La duración de la jornada laboral varía mucho, igualmente, en funciòn de la actividad. Y así, mientras que los convenios que regulan el comercio, la hostelería o el turismo recogen una jornada anual media de 1.792,16 horas, en la eneñanza, que se sitúa en el polo opuesto, se llega únicamente a las 1.605,92 horas al año. Es decir, que hay una diferencia de casi cinco semanas de trabajo entre una y otra actividad.

Lo que reflejan las estadísticas, en cualquier caso, es que la crisis no se está combatiendo reduciendo la jornada laboral para evitar despidos mediante el reparto de la carga de trabajo. Recientemente, Ramón Górriz, secretario de Acción Sindcal de CCOO, reclamó "un acuerdo interconfederal en la negociación colectiva que ligue la reducción del tiempo de trabajo con la reducción del salario". A su juicio, "es posible, en empresas en situación de crisis económica, plantear reducciones de jornada entre el 10% y el 70%, manteniendo el 70% del salario a los trabajadores en la reducción en el tiempo de jornada, evitando que se pierdan prestaciones por desempleo".

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OTRA OPINIÓN En mi hambre mando yo por Fernando de los Ríos

...el porqué social de esta serie de medidas: es que es necesario aún en Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva, mantener vivo el aforismo medieval: " Quien tiene la tierra tiene al hombre", y para poder tener al hombre, no obstante el regimen de libertad política, se necesita un instrumento de intimidación y de terror, y a esta pobre gente, que yo os he de decir cómo vive, se la ponía el cerco y se la presentaba la disyuntiva: o tu conciencia como ciudadano o tu miseria como jornalero, porque no te daré trabajo (APLAUSOS).

Esta es la razón potente de que se montara este instrumento de intimidación, y aún asi la rebeldía heroica de los miserables es cada día mayor. Las colinas de harapientos de Granada, la colina del Albayzin y en donde está lo que se llama el Barranco del Abogado, recordando la actitud que había tomado uno de ellos el año 31 y que lo enunciaba con estas palabras tan dramáticas como humanas: "En mi hambre mando yo"; al recordar este ansia de regir soberanamente en su hambre, esas colinas de miseria, digo, han votado por la candidatura de izquierdas, y a pesar, señor Rubio, de que, como dice S.S. y es verdad Granada -Granada capital, no la Granada provinciana jornalera- es una ciudad con matiz de derecha, y a pesar de ello, esa rebeldía heroica de los miserables nos dio 7.500 votos de mayoría en la ciudad, y esa mayoría habría sido proporcionalmente la misma en toda la provincia si se la hubiera respetado. ¡Si viera S.S. cómo acudían en los pueblos -esos pueblos harapientos, esos pueblos miserables- cómo acudían a escuchar, con qué fe nos oían y con qué limpieza abrían su alma a la posibilidad de que, mediante un régimen legal, se pudiera modificar la situación de vida en que se hallaban!.

Y ¿sabéis cuál es esa situación de vida, señores del Norte? Los del Sur lo conocéis. Pues esa situación de vida es algo desconocido en la propia historia política de Granada, algo desconocido en la propia historia económica de Granada, porque se ha llegado a eliminar el salario en dinero y se da un jornal en especie, en infinidad de pueblos. En la zona de Moreda, dándoles un celemín de trigo, a precio de tasa, y luego comprándoselo al precio del mercado. ¡Un celemín de trigo! . En la zona de Zújar, en Zújar, dándoselo en patatas y un poco de aceite. ¡Es ese un salario! Subís a Puebla de Don Fadrique, el jornal de escarda se le da a la mujer, y se paga a 90 céntimos; si llegáis a la zona de los montes, en Iznalloz, el salario es de seis reales a los gañanes; si bajáis a la fecunda vega de Granada, a Santa Fé, en febrero estaban las mujeres cogiendo la aceituna a destajo, y el salario no rebasaba los 75 por 100 respecto de las bases de trabajo que en los años 1.932 y 1.933 hiciera nuestro compañero el señor Largo Caballero y lograra efectividad.

¿Comprendéis ahora lo que representa para estas pobres gentes que se les diga "votad a España", y que el voto en que así se simboliza a España represente su esclavización como ciudadanos y su miseria como personas? (GRANDES APLAUSOS).

Señores diputados, España es nuestra España, la de todos: algunos, por nuestros años, llevamos ya mucho soñando con una España justa, culta y rica; pero con una justicia que abarque a todos, con una cultura que no tenga peso muerto, con una riqueza que igualmente tome para su difusión un criterio de humanidad; pero en nuestra Granada y en la mayor parte de Andalucía la lucha política está entablada en torno a la batalla consistente en asediar al infeliz y someterle por el hambre para hacer inútiles sus derechos de ciudadanía ¡Y eso, no; eso no!.Que no se invoque ni la religión, a la cual no se la sirve, sino que se la compromete; que no se invoque a España ( ...) a la cual se ofende poniendo bajo la advocación de su gran nombre una realidad social de tal naturaleza miserable.

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE DIPUTADOS, Sesión 31 de marzo de 1936,pp. 101-103

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