OTRA POLÍTICA El PCE exige las cuentas del Rey

La pasada semana, la secretaria de Cooperación Internacional y Movimiento Republicano del Partido Comunista de España (PCE), Gloria Aguilar, anunciaba una campaña promovida por esta formación política, integrada en Izquierda Unida, para que "las cuentas de la Casa del Rey tengan control público y puedan ser conocidas por todos los españoles". Además de intentar dar la mayor difusión posible a esta iniciativa, y la organización de diversos actos en los que se explicarán las razones para reclamar esta fiscalización, el PCE movilizará a sus bases para conseguir el mayor número posible de firmas para que esta exigencia sea debatida en el Congreso de los Diputados como "iniciativa popular". Para ello, tal y como queda establecido por el artículo 87 de la Constitución, han de presentarse ante el Parlamento, al menos, medio millón de rúbricas de ciudadanos españoles.

Esta organización ha optado por esta fórmula con la intención de generar un ampliodebate social en torno a este asunto, pero también, ante el fracaso reiterado de los intentos parlamentarios por conseguir el control público de las cuentas reales por parte de formaciones como Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya o Esquerra Republicana de Catalunya, cuyas iniciativas en este sentido –prácticamente, cada año, coincidiendo con el debate de los Presupuestos Generales-, se estrellan contra la amplia mayoría que imponen el Partido Popular y el Partido Socialista. "No conseguimos nada. Es como chocarse contra un muro. Pero tarde o temprano los muros caen. La monarquía sólo ganará credibilidad si gana en transparencia", sostenía recientemente el portavoz de IC, Joan Herrera.

Para Gloria Aguilar, en un contexto de crisis como la actual, es "especialmente necesario que las cuentas de la Casa del Rey tengan control público y puedan ser conocidas por todos los españoles". Según su criterio, no resulta lógico que "cuando los de abajo lo pasan mal, la Casa Real continúe opaca"; cree que se trata de una "situación anómala, como también lo es que los ciudadanos españoles no puedan votar al Jefe del Estado". En su propósito declarado, también está la exigencia de que "las donaciones y regalos que recibe el rey en su condición de jefe del Estado deben ser transparentes y pasar al patrimonio del Estado".

Los comunistas enmarcan esta recogida de firmas en una amplia campaña que desarrollarán a lo largo de este recién comenzado 2010 para ampliar las bases y consolidar el movimiento republicano en nuestro país.

Según los Presupuestos Generales para este año, el rey percibirá directamente, con cargo a las cuentas públicas, un total de 8.896.920 euros, sobre los que no podrá existir ninguna clase de control público, puesto que el artículo 65.1 de la Constitución subraya que el monarca "recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma". Este argumento ha sido esgrimido sistemáticamente para oponerse a las iniciativas de IU, IC y ERC que exigían la fiscalización de estas cuentas, aunque para el secretario general del PCE, José Luis Centella, el hecho de que la Carta Magna otorgue a Juan Carlos de Borbón la libre disposición de su asignación anual, no implica que no haya de dar cuenta de los salarios de cada uno de los miembros de la Familia Real, tal y como sucede en la mayoría de las otras monarquías europeas.

Pero estos casi nueve millones de euros -el sueldo del presidente del Gobierno esdichos Presupuestos Generales ("Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado"), que contemplan, además, otros 321.640 euros para gastos corrientes.

A todo esto se debe añadir el mantenimiento de las residencias habituales de la Familia Real (el Palacio Real, el Palacio de la Zarzuela, el Palacio de Marivent), cuya propiedad está a nombre de Patrimonio Nacional. Los PGE de 2010 destinan a esta partida 17,9 millones de euros -en 2009, lo gastado alcanzó los 19 millones-.

En cuanto a los viajes al extranjero, para este año se contemplan 415.040 euros para sufragar los 15 desplazamientos previstos, aunque suele sobrepasarse cada año esta partida. El rey tampoco se hace cargo de los gastos de los agentes encargados de la seguridad de su familia, que abona el Ministerio del Interior; ni de los costes y el mantenimiento de los 60 vehículos asignados a la Casa Real, que son pagados por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Otro capítulo es el de los regalos que recibe el monarca o la Familia Real de particulares -el caso más llamativo es el del actual yate 'Fortuna', costeado por una suscripción entre empresarios baleares, cuyo coste llegaba a los 16 millones de euros, a los que el Gobierno dalas Islas, dirigido entonces por el popular Jaume Matas, añadió otros dos millones y medio-. Lo cierto es que con las actuales condiciones de opacidad, ni los diputados o senadores, ni la Fiscalía, ni el Tribunal de Cuentas, ni tan siquiera la Comisión de Secretos Oficiales pueden tener acceso a esa información.

Algunos datos resultan llamativos. Según las revistas Forbes y Eurobusiness, el patrimonio del Rey de España ascendería a 1.790 millones de euros, una cantidad difícilmente explicable, incluso con la altísima asignación anual que percibe por parte de las arcas públicas, cifras de las que nunca ha querido hacer declaración alguna la Casa Real.

Sin embargo, para Iñaki Errazkin, autor del libro Hasta la coronilla. Autopsia de los Borbones, "hay que tener cuidado con la estimación de Forbes, porque incluía cosas del Patrimonio Nacional. A su nombre no encontramos nada legalmente".

Antonio Romero, ex diputado de IU y coordinador de la Red de Municipios y Cargos Públicos por la III República, sostiene que "la Casa Real actúa como un verdadero paraíso fiscal, interpretan la disposición libre de su presupuesto, como que no tienen que dar explicaciones a nadie". Romero disecciona todos los gastos a cargo del erario público: "Patrimonio Nacional destina unos 140 millones al mantenimiento de palacios y otras posesiones, seis millones del Ministerio de Administraciones Públicas son destinados para asesores, funcionarios de elite... Además, el parque móvil de unos 60 vehículos de alta gama corresponde al Ministerio de Economía y todos sus viajes corren a cargo de Defensa o Asuntos Exteriores".

Esta reclamación de transparencia sobre las cuentas de un monarca que, según el artículo 56 de la Constitución "es inviolable y no está sujeto a responsabilidad", coincide con la iniciativa del Ministerio de la Presidencia, que está preparando una ley de acceso de los ciudadanos a la información, que incluye el conocimiento de las finanzas de los cargos públicos, aunque, según fuentes de este ministerio, "no recoge una referencia expresa al rey", porque no se puede ir más lejos de lo establecido en la Constitución.

En el Reino Unido se creaba el Comisionado de la Información de Gran Bretaña, una normativa similar, pero que sí ofrece datos de los gastos de su Casa real, e incluso la publicación de las misivas intercambiadas entre la Jefatura del Estado y el Gobierno británico, que ponían de manifiesto algunas irregularidades en las cuentas reales.

La intención del Partido Comunista de España con esta campaña de recogida de firmas, además de apuntalar su estrategia para introducir el debate sobre el modelo de Estado y la apuesta por la III República, es conseguir sobrepasar el medio millón de suscripciones necesario para que a través de Grupo de IU-ERC sea tramitado en la comisión de Peticiones del Congreso y, finalmente, debatido en el órgano de la representación pública. Incluso ya han expresado su deseo de que las cuentas reales sean difundidas a través de Internet.

Como sostiene Gloria Aguilar, la iniciativa pretende que los "contribuyentes españoles sepan a qué se destina su dinero. No sólo sería democrático, sino de justicia".